El último Informe de Auditoría de las cuentas del CN Barcelona fue visionado una semana antes de la Asamblea General Ordinaria del pasado 16 de abril por el ex-socio Juan Carrasco, socio al que agradecemos una impagable colaboración analizando para el blog la delicadísima situación económica del CNB. Este ex-socio nos informa de que observó salvedades en este Informe de Auditoría, informe que por otra parte debió de ser entregado, obligatoriamente por ley, a los asistentes a dicha asamblea. Siendo informada la mesa directiva, gracias a la magnífica intervención del socio y ex-decano del Colegio de Auditores Sr. Francisco Martínez, de que esa Asamblea podía ser perfectamente impugnada debido a no haberse adjuntado el Informe de Auditoría a la Memoria 2008 entregada a los asistentes a la misma, el vicepresidente Moncunill respondió que tomarían las medidas oportunas para subsanar el error (intencionado o no). En una visita, días después de la Asamblea, al Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, fuimos atendidos exquisitamente por el Sr. Javier Romero Villamor, que nos confirma la ilegalidad cometida por la Junta Directiva del CNB, y los días que marca la ley para poder ejercer el derecho de impugnación. Derecho que óbviamente no ejercimos dando credibilidad a las palabras de Federico 'el turronero' Moncunill de que tomarían medidas para poner a disposición de los socios dicho Informe. Evidentemente, la actuación de este individuo en la Asamblea tiene un nombre nada edificante que me voy a ahorrar, pero que es fácil de imaginar. Y ya en el colmo de la desvergüenza, cuatro meses después sin noticias de dicho Informe de Auditoría, una socia lo solicitó por escrito al presidente Millans, siendo contestada días más tarde por el inefable secretario Manel 'pinocho' Albado, mediante burofax, de que los estatutos del Club no contemplan entregar dicho Informe. Que debe solicitarlo días antes de la próxima asamblea, y sólo le será permitido leerlo. ¡Delirante! |
dimecres, 4 de novembre del 2009
Los auditores piden que no se criminalice a su gremio
El presidente del Registro de Economistas Auditores de Cataluña (REA), Emilio Álvarez, ha pedido, a raíz del escándalo del Palau, que "no se criminalice" a su gremio. Un gremio en el que corre a menudo el dicho de que "una auditoría es una auditoría". Significa que siempre debe aplicarse la misma normativa técnica independientemente del tamaño o sector económico, sea una gran empresa que cotiza en Bolsa, bajo exigencias mucho mayores de información pública, sea una histórica fundación, que puede desarrollar su actividad en países lejanos de difícil rastreo. El saqueo sistemático y millonario de Palau de la Música abre interrogantes sobre las responsabilidades que se pueden pedir al auditor.
Los auditores topan con errores (no hay intencionalidad) o con irregularidades (sí la hay). Si no se corrigen ambos, el informe de auditoría incorpora salvedades y se aconseja implicar a especialistas en fraudes. "Nosotros detectamos cada año numerosos casos de fraude", dice Ricardo Noreña, socio auditor responsable de Investigación del Fraude de Ernst & Young, que desplaza la responsabilidad a quien comete dicho el delito.
Pero el auditor no es un inspector, aclara el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España: "La auditoría legal es verificar y revisar la documentación proporcionada por la empresa para que el auditor se forme una opinión sobre si las cuentas reflejan la imagen fiel del patrimonio de la empresa". Es un caso bien distinto si el propio cliente falsea la información. Pudo ocurrir así en el Palau: los auditores tenían acceso a los números de la fundación y el consorcio, pero no a los del Orfeó. Un auditor que pide anonimato reconoce: "No disponemos de herramientas que aseguren con certeza la detección de fraudes".
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Morositat de Sebastià Millans,
ex-president del Club Natació Barcelona
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